En lo que representa un fuerte movimiento político y sanitario, el oficialismo en el Senado de la Provincia de Buenos Aires dio el primer paso para consolidar un viejo anhelo del gobernador Axel Kicillof: la creación de un laboratorio propio de medicamentos con control estatal. Durante la quinta sesión ordinaria del año, la Cámara Alta bonaerense otorgó media sanción al proyecto de ley que establece la fundación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, enviando la iniciativa a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La estructura jurídica planteada por el Poder Ejecutivo bonaerense propone la constitución de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, donde la Provincia retendrá el 99% del capital social, dejando el 1% restante abierto a la incorporación de otros actores públicos o privados. El propósito central de esta nueva empresa pública será la investigación, desarrollo, producción, importación y comercialización de medicamentos, vacunas e insumos médicos esenciales. Con esto, el Ministerio de Salud provincial pretende optimizar el abastecimiento del colapsado sistema de hospitales públicos (tanto provinciales como municipales) y achicar los márgenes de gasto frente a los laboratorios multinacionales y droguerías privadas. Sin embargo, el tratamiento de la norma expuso una profunda fractura con la oposición. El bloque de senadores del PRO votó en contra de manera unánime, lanzando duras críticas a la gestión de Kicillof por lo que consideran una “expansión innecesaria del gasto público” en un escenario de severa restricción presupuestaria. Desde la bancada amarilla argumentaron que la iniciativa no garantiza una mejora real en la atención médica y que, por el contrario, sumará personal estatal y compromisos financieros permanentes que la Provincia hoy no está en condiciones de afrontar de forma sostenible. “Antes de crear más Estado, Kicillof debería administrar el que ya tiene”, sentenciaron los legisladores del PRO a través de un duro comunicado parlamentario. Si bien desde el espacio opositor coincidieron en que el acceso a los medicamentos es una obligación prioritaria del Estado provincial, remarcaron que la solución pasa por aceitar los mecanismos de compra vigentes y auditar los servicios de salud actuales, en lugar de reconvertir a la Provincia en un actor de la producción industrial. Tras este paso fundamental en el Senado, la batalla legislativa se trasladará a la Cámara de Diputados bonaerense. Allí, el oficialismo no solo buscará convertir en ley este polo farmacéutico, sino que también planea introducir en el debate el conflictivo Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), en una discusión que promete volver a polarizar la agenda política de la provincia.