La crisis de la producción agropecuaria en la provincia de Buenos Aires tocó fondo. La reciente decisión de la Legislatura bonaerense de otorgar a los intendentes la “libre disponibilidad” de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural cayó como una bomba neutrónica en un sector que ya venía golpeado por la inflación, la presión impositiva y el olvido estatal. Lo que debía volver a la tierra en forma de infraestructura, hoy se diluye en las cajas municipales, dejando a los productores al borde del abismo. Para el hombre de campo, no se trata de una simple disputa técnica por un presupuesto, sino de un golpe letal a su capacidad de seguir produciendo. Con caminos rurales que hoy son intransitables —auténticos senderos de tierra destruidos donde romper un camión o una cosechadora cuesta millones—, la imposibilidad de sacar la cosecha o trasladar el ganado condena a cientos de chacras a la parálisis total. “Nos sacan la plata para gastarla en política mientras nosotros no podemos sacar la producción de los campos”, ruge la indignación en las asambleas del interior. El malestar es tan profundo que las bases agrarias ya rompieron la paciencia con las dirigencias tradicionales y exigen medidas de fuerza extremas. En los principales centros productivos bonaerenses ya se debate de manera abierta una movilización masiva hacia la Gobernación en La Plata, emulando las históricas jornadas de protesta del pasado. Los productores advierten que, si no se garantiza que las partidas vuelvan exclusivamente al arreglo de caminos y seguridad rural, el conflicto escalará hasta paralizar la comercialización de granos y carnes. La tensión va en aumento y amenaza con quebrar definitivamente la paz social en las rutas bonaerenses. Mientras los municipios celebran el ingreso de recursos frescos para tapar sus agujeros fiscales, el motor productivo del país se apaga entre el barro de los caminos abandonados y la desesperación de los productores. El campo ya avisó: no están dispuestos a financiar su propia quiebra.