Por Redacción Local

La gestión de los servicios públicos en el Conurbano bonaerense suele ser un terreno donde confluyen las urgencias vecinales y las tensiones políticas. Sin embargo, en el Municipio de Lanús, el escenario de la higiene urbana ha escalado hasta convertirse en un laberinto judicial, gremial y político. A la fecha, la comuna comandada por el intendente Julián Álvarez carece de una cifra oficial y pública que detalle con precisión cuántos barrenderos se encargan del mantenimiento de sus calles, un vacío de información que se da en medio de un conflicto que mantiene bajo fuego cruzado al oficialismo local y a los movimientos sociales. El epicentro de la crisis se desató a principios de este año con el despido de 80 barrenderos, una medida que formalizó una ruptura que ya venía gestándose desde finales del año pasado, cuando los trabajadores realizaron protestas de emergencia en reclamo de mejoras salariales. Hoy, la recolección y limpieza se hamaca entre parches operativos y denuncias de “venganza política” y precarización extrema en el Ministerio de Trabajo. Ante la sensible baja de personal y las constantes medidas de fuerza que afectaron el servicio habitual, la intendencia dispuso un esquema de contingencia para evitar el colapso sanitario del distrito. Actualmente, el municipio intenta cubrir el barrido mediante operativos especiales concentrados exclusivamente en las principales avenidas y centros comerciales de la ciudad. Para las periferias y los barrios más postergados, la gestión implementó el denominado Programa de Ordenadores Barriales. Este sistema se utiliza principalmente en zonas vulnerables donde los camiones recolectores tradicionales no tienen acceso físico, una medida que para la oposición resulta insuficiente frente al deterioro generalizado de la limpieza en el municipio. El Conflicto de Fondo: ¿Cooperativas o Relación de Dependencia Encubierta? El bloque de 80 trabajadores desplazados, respaldado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y agrupaciones de izquierda, llevó el caso a la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. La denuncia penal y administrativa presentada contra el Ejecutivo municipal se articula sobre tres ejes contundente: Fraude Laboral: Los delegados sostienen la inexistencia de contratos formales o recibos de sueldo. Afirman que la municipalidad utilizaba la figura de una “cooperativa de trabajo” de manera irregular para triangular pagos mensuales de apenas $140.000, obligando al personal a cumplir horarios fijos y recibir órdenes directas de la Secretaría de Espacio Público. Desamparo Social y Sanitario: El reclamo expone que los barrenderos cumplían sus tareas esenciales en el distrito sin aportes jubilatorios, sin obra social y sin la provisión mínima de indumentaria básica, calzado de seguridad o herramientas elementales provistas por el Estado local Persecución Sindical: Los gremios califican las bajas como una represalia directa a las protestas realizadas por estos mismos operarios a fines de diciembre del año pasado. Denuncian que el intendente Álvarez y su secretario de Espacio Público, Mauro Iezzi, cortaron los canales obligatorios de diálogo antes de discontinuar los pagos.A este frente administrativo se le suma una denuncia penal por la intervención policial durante los bloqueos en el cruce de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Brasil, donde las fuerzas de seguridad hicieron uso de gas pimienta y gas lacrimógeno para disuadir las movilizaciones. La Trinchera Oficial y la Interna Peronista desde el Palacio Municipal, la lectura de los hechos es radicalmente opuesta. El oficialismo, referenciado políticamente en la agrupación La Cámpora, rechaza el término “despidos” y argumenta razones estrictamente técnicas: los afectados eran cooperativistas tercerizados que no cumplían con las contraprestaciones y tareas asignadas en el territorio. Sin embargo, en los pasillos de la intendencia nadie oculta que el trasfondo real es la feroz interna partidaria que atraviesa el peronismo bonaerense. Desde el entorno del intendente acusan a los sectores opositores de la interna del Partido Justicialista (PJ) de “utilizar políticamente” un legítimo reclamo de limpieza urbana con el único fin de desgastar la imagen pública del jefe comunal. Un Clima de Paro General Municipal. La resolución de la crisis por el barrido sigue lejos de encontrar un cauce pacífico y amenaza con arrastrar a toda la estructura estatal de Lanús. En las últimas semanas, el histórico Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), conducido por la dirigencia de la familia Pedelhez, intimó formalmente al intendente Álvarez. Bajo las mismas consignas que los barrenderos —falta de insumos, atrasos salariales generalizados y ausencia de ropa de trabajo en áreas operativas clave—, el sindicato principal se declaró en estado de alerta y amenazó con dictar un paro general municipal en el corto plazo. Con las denuncias radicadas en el Ministerio de Trabajo y el clima gremial al borde de la huelga general, Lanús enfrenta el desafío de limpiar sus calles en medio de una de las tormentas políticas y laborales más complejas de su historia reciente.